San Raymundo Jalpan, Oax.- Espacios laborales para personas con discapacidad en las dependencias gubernamentales, violencia laboral contra las mujeres, atención del Ejecutivo en comunidades garantizando atención en lenguas originarias y el desarrollo integral infantil fueron algunas propuestas de diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios. 

En sesión ordinaria el diputado Alejandro Avilés Álvarez planteó una iniciativa para expedir la ley de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil del estado de Oaxaca a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas y niños en materia de salud, seguridad, protección y desarrollo, que se encuentran en las estancias infantiles de la entidad. 

Lo anterior pretende regular las bases y procedimientos mínimos para la creación, administración y funcionamiento de las guarderías infantiles que presten servicios para el cuidado de niñas y niños. La citada ley contempla 49 artículos y cinco transitorios. 

En tanto, para que las comunidades indígenas reciban una atención integral por parte de las dependencias de gobierno, la diputada Leticia Socorro Collado Soto propuso que en las cabeceras distritales el gobernador establezca una oficina permanente para atender los asuntos que sean sometidos a su autoridad, procurando que la atención a las autoridades agrarias sea en su lengua materna cuando así lo requiera. 

El documento detalla que es necesario implementar estas medidas en Oaxaca, ya que son 417 municipios identificados como indígenas por sus sistemas normativos internos, por lo que el Estado está obligado a construir políticas públicas que garanticen la gobernabilidad y convivencia social. 

Por otra parte, para erradicar violencia de género en el ámbito laboral, la diputada Hilda Graciela Pérez Luis propuso reformar el artículo 13 de la Ley Estatal Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde estipula el término violencia laboral, la cual es la negativa ilegal de contratación a la víctima o de respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. 

De igual forma, la descalificación de la actividad realizada, las amenazas, intimidación, humillaciones, exigencia de pruebas de gravidez, imposición en la forma de vestir entre otros rubros. 

En esta misma sesión el legislador Arsenio Lorenzo Mejía García propuso que los gobiernos estatal y municipal deberán incluir en su plantilla laboral a por lo menos tres por ciento de personas con discapacidad, previamente realizado un estudio de compatibilidad con los puestos ofertados. 

Establece también que para cumplir con la disposición prevista, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal deberán realizar las adecuaciones reglamentarias, presupuestarias, manuales y políticas de contratación necesarias para garantizar la inclusión y las condiciones laborales de las personas con discapacidad.